14 de Junio 2019. Día de la Memoria Histórica en Andalucía
La Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía declara el 14 de junio de cada año Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura.
En la tarde de este pasado viernes, en un acto organizado por la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo, con el apoyo de plataformas republicanas de Andalucía, ha tenido lugar en Sevilla una concentración ante la basílica de la Macarena.
MANIFIESTO DEL 14 DE JUNIO. POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA. POR LA DIGNIDAD DELAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.
El 14 de Junio recordamos en toda Andalucía a los hombres y mujeres que fueron asesinados, encarcelados o perseguidos por la dictadura franquista. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía instituye este día para reparar su memoria no sólo como víctimas de la dictadura sino como luchadores por la recuperación de las libertades, a cuyo compromiso debemos fundamentalmente la reinstauración de la perdida democracia.
En este día, las Organizaciones Memorialistas y de víctimas integradas en la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y de Víctimas del franquismo, denunciamos ante la opinión pública y los medios de comunicación la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Democrática, que están ya suponiendo en la práctica un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición de las víctimas del franquismo. El avance en estos derechos se ha ido consiguiendo en las últimas décadas gracias sobre todo al impulso y el empeño de la sociedad civil organizada que ha compensado en parte el insuficiente compromiso por parte del Estado Democrático, repetidamente denunciado por organismos internacionales. En el día de hoy, somos de nuevo los colectivos Memorialistas y de Víctimas los que demandamos a la Junta de Andalucía -como parte central del Estado en nuestra Comunidad Autónoma- el mantenimiento y desarrollo de las políticas públicas de Memoria Democrática y la renuncia a cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas sino también contra las evidencias fundamentadas por la investigación historiográfica. En concreto exigimos:
• El mantenimiento, desarrollo normativo y aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, elaborada con la participación de todas las Asociaciones memorialistas y aprobada en el Parlamento Andaluz sin ningún voto en contra.
• La paralización de posibles medidas o propuestas que promuevan la equidistancia entre víctimas y verdugos o el negacionismo de los delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo. En este sentido, rechazamos rotundamente la anunciada promulgación de una Ley de Concordia, que sustituiría a la actual Ley de Memoria en Andalucía.
• El impulso con financiación adecuada del Plan Andaluz de exhumaciones, actualmente paralizado. Tal y como prescribe la Ley de Memoria andaluza en su artículo 10, estas deben incluir una denuncia en el juzgado puesto que podemos encontrarnos ante imprescriptibles crímenes contra la humanidad.
• El mantenimiento de la colaboración organizativa y material entre la Administración Pública y las asociaciones memorialistas y de víctimas, como condición indispensable para avanzar en los derechos de Verdad y Reparación.
• Asimismo exigimos que se retire la tumba del general golpista y responsable de masivas violaciones de derechos humanos Queipo de Llano, de un lugar de acceso público como es la Basilica de la Macarena, en aplicación del artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Igualmente solicitamos la eliminación inmediata en los espacios de uso público de cualquier símbolo o mención honorífica que exalte instituciones o personas vinculadas al franquismo.
• La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, establece en su Principio 18, que la impunidad constituye una infracción de la obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones y adoptar medidas apropiadas respecto a sus autores especialmente en la esfera de la justicia. Este principio está recogido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, por lo que la Junta de Andalucía, en el marco de las competencias estatutarias debe contribuir al cese de la impunidad de los autores de las masivas violaciones de derechos ocurridas en el territorio andaluz a raíz del golpe de estado y durante la dictadura, facilitando las iniciativas en este sentido provenientes del derecho humanitario internacional y de la justicia transnacional, como la promovida por la jueza argentina Maria Servini.
• Tras 40 años de silencio impuesto por la dictadura y otros tantos de insuficientes políticas públicas en el ámbito del derecho a la Verdad, consideramos prioritario la plena incorporación al currículo educativo de contenidos y valores vinculados a la memoria democrática como patrimonio de nuestro pueblo, basados en una visión veraz y actualizada de lo que supuso el periodo histórico comprendido entre el golpe de estado contra la Segunda República hasta el final de la Transición a la democracia.
• Por último, el gobierno andaluz debe avanzar en las vías y posibilidades jurídicas y políticas que permitan el reconocimiento moral y la restitución material para todos los andaluces que sufrieron las consecuencias de las ilegitimas sentencias dictadas por el Tribunal de responsabilidades políticas, tal y como ocurrió con Blas Infante, por sentencia de 4 de mayo de 1940, 4 años después de su asesinato.
ASAMBLEA ANDALUZA DE ASOCIACIONES MEMORIALISTAS Y DE VICTIMAS DEL FRANQUISMO.
El 14 de Junio recordamos en toda Andalucía a los hombres y mujeres que fueron asesinados, encarcelados o perseguidos por la dictadura franquista. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía instituye este día para reparar su memoria no sólo como víctimas de la dictadura sino como luchadores por la recuperación de las libertades, a cuyo compromiso debemos fundamentalmente la reinstauración de la perdida democracia.
En este día, las Organizaciones Memorialistas y de víctimas integradas en la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y de Víctimas del franquismo, denunciamos ante la opinión pública y los medios de comunicación la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Democrática, que están ya suponiendo en la práctica un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición de las víctimas del franquismo. El avance en estos derechos se ha ido consiguiendo en las últimas décadas gracias sobre todo al impulso y el empeño de la sociedad civil organizada que ha compensado en parte el insuficiente compromiso por parte del Estado Democrático, repetidamente denunciado por organismos internacionales. En el día de hoy, somos de nuevo los colectivos Memorialistas y de Víctimas los que demandamos a la Junta de Andalucía -como parte central del Estado en nuestra Comunidad Autónoma- el mantenimiento y desarrollo de las políticas públicas de Memoria Democrática y la renuncia a cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas sino también contra las evidencias fundamentadas por la investigación historiográfica. En concreto exigimos:
• El mantenimiento, desarrollo normativo y aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, elaborada con la participación de todas las Asociaciones memorialistas y aprobada en el Parlamento Andaluz sin ningún voto en contra.
• La paralización de posibles medidas o propuestas que promuevan la equidistancia entre víctimas y verdugos o el negacionismo de los delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo. En este sentido, rechazamos rotundamente la anunciada promulgación de una Ley de Concordia, que sustituiría a la actual Ley de Memoria en Andalucía.
• El impulso con financiación adecuada del Plan Andaluz de exhumaciones, actualmente paralizado. Tal y como prescribe la Ley de Memoria andaluza en su artículo 10, estas deben incluir una denuncia en el juzgado puesto que podemos encontrarnos ante imprescriptibles crímenes contra la humanidad.
• El mantenimiento de la colaboración organizativa y material entre la Administración Pública y las asociaciones memorialistas y de víctimas, como condición indispensable para avanzar en los derechos de Verdad y Reparación.
• Asimismo exigimos que se retire la tumba del general golpista y responsable de masivas violaciones de derechos humanos Queipo de Llano, de un lugar de acceso público como es la Basilica de la Macarena, en aplicación del artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Igualmente solicitamos la eliminación inmediata en los espacios de uso público de cualquier símbolo o mención honorífica que exalte instituciones o personas vinculadas al franquismo.
• La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, establece en su Principio 18, que la impunidad constituye una infracción de la obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones y adoptar medidas apropiadas respecto a sus autores especialmente en la esfera de la justicia. Este principio está recogido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, por lo que la Junta de Andalucía, en el marco de las competencias estatutarias debe contribuir al cese de la impunidad de los autores de las masivas violaciones de derechos ocurridas en el territorio andaluz a raíz del golpe de estado y durante la dictadura, facilitando las iniciativas en este sentido provenientes del derecho humanitario internacional y de la justicia transnacional, como la promovida por la jueza argentina Maria Servini.
• Tras 40 años de silencio impuesto por la dictadura y otros tantos de insuficientes políticas públicas en el ámbito del derecho a la Verdad, consideramos prioritario la plena incorporación al currículo educativo de contenidos y valores vinculados a la memoria democrática como patrimonio de nuestro pueblo, basados en una visión veraz y actualizada de lo que supuso el periodo histórico comprendido entre el golpe de estado contra la Segunda República hasta el final de la Transición a la democracia.
• Por último, el gobierno andaluz debe avanzar en las vías y posibilidades jurídicas y políticas que permitan el reconocimiento moral y la restitución material para todos los andaluces que sufrieron las consecuencias de las ilegitimas sentencias dictadas por el Tribunal de responsabilidades políticas, tal y como ocurrió con Blas Infante, por sentencia de 4 de mayo de 1940, 4 años después de su asesinato.
ASAMBLEA ANDALUZA DE ASOCIACIONES MEMORIALISTAS Y DE VICTIMAS DEL FRANQUISMO.
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