La Constitución Española de 1978 fue sancionada por el rey Juan Carlos I tras su aprobación por la Cortes Generales. Define un régimen parlamentario liberal, donde se afirma que la soberanía reside en el pueblo. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los años cómo el poder fáctico, la oligarquía, condiciona las decisiones colectivas e impone sus intereses convirtiendo en papel mojado los derechos de la ciudadanía.
No se puede olvidar que la “legitimidad” de la Corona impuesta en la vigente Constitución proviene directamente del régimen fascista. El dictador Franco dispuso la restauración de la monarquía y designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la Jefatura del Estado.
Ese origen junto a las restricciones del proceso de la Transición y sus posteriores incumplimientos y recortes de derechos y libertades son causa del déficit democrático del actual ordenamiento político. Los aparatos fascistas del Estado -policía, ejército, jueces, ...- no fueron depurados en la Transición. Esos cuerpos están permeados por individuos de ideología ultraconservadora, cuya influencia afecta al propio sistema constitucional y a los derechos ciudadanos reconocidos en el mismo.
La Constitución monárquica de 1978 da testimonio de la persistencia de importantes ataduras antidemocráticas en partes esenciales del texto: no eleva a categoría de derechos fundamentales garantizados por el Estado el derecho a la vivienda, al trabajo y a una remuneración digna, a la educación y la sanidad pública; niega la igualdad entre hombres y mujeres; niega la realidad de la pluralidad nacional del Estado; otorga al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas que pueden interferir “legalmente” en la esfera política y rompe con el principio de separación de las Iglesias y el Estado.
El marco político y social vigente consiente el incremento de la explotación de las personas trabajadoras y el recorte inadmisible de los derechos sociales del pueblo y permite ese orden social injusto que además esquilma la riqueza y el medio ambiente de nuestra tierra. Además, este régimen político impide la soberanía efectiva de nuestro país, al pertenecer a estructuras militares imperialistas –OTAN- que promueven guerras de agresión, saqueo y dominación contra los pueblos, como demuestra el genocidio palestino.
Necesitamos una nueva Constitución que blinde los derechos políticos, laborales y sociales, que garantice los derechos básicos: trabajo y sueldo digno, vivienda y servicios públicos esenciales: sanidad, educación, pensiones y servicios sociales. Que establezca de forma real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y un desarrollo sostenible al servicio del pueblo.
Una nueva norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice también el autogobierno de los pueblos del Estado en una España plurinacional y solidaria y que instaure una democracia plena, participativa, transparente, laica y republicana.
Para ello, es necesario un proceso constituyente, entendido como un proceso de libertad, movilización popular y participación amplia que culmine con la quiebra de la monarquía borbónica y la plena devolución de la soberanía a la ciudadanía y a los pueblos que integran el Estado. Momento a partir del cual ciudadanía y pueblos decidirán la nueva Constitución.
Un proceso constituyente en el que podamos elegir libremente y decidir la forma de Estado: monarquía o república.
Desde el Encuentro Estatal por la República, espacio unitario del movimiento republicano, hoy 6 de diciembre de 2025, volvemos a exclamar
¡No a la Constitución monárquica del 78!
¡Viva la República!
